Uno de los proyectos de reforma laboral[1] conocido como “pasantías” constituye una avanzada del sector empresario y de los intereses hegemónicos sobre el mundo del trabajo ya que abre las puertas al financiamiento privado del mismo sistema, vacía de fines y objetivos la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26058 y promueve la precarización juvenil con prácticas rentadas a término que, incluso, pueden afectar –aunque se diga lo contrario-  la estabilidad de los actuales puestos de trabajo.

El proyecto consta de 56 artículos organizados en tres capítulos y seis títulos, en los cuales fija objetivos amplios de formación laboral continua y, al menos en el texto, condiciona el andamiaje organizativo del sistema a las disposiciones que se acuerden en los convenios colectivos de trabajo.

La primera cuestión que genera preocupación y alerta es la referida a la apertura de puertas a “fondos privados” para el financiamiento del nuevo sistema que se propone crear el proyecto. Tanto en el artículo 6° inciso “e” como en el artículo 54° bajo el título de “Recursos” establece que, además de los fondos provenientes del presupuesto nacional, se habilitará que las empresas hagan aportes lo mismo que los préstamos internacionales destinados a mejorar la productividad.

En la práctica, esto implica que el nuevo Sistema de Formación Laboral Continua que se propone crear el proyecto, será financiado en varios de sus componentes por aportes privados que, claramente, tienen visión e intereses propios y específicos acerca de dichas políticas y sus consecuencias en la promoción del empleo.

Nos encontramos ante una evidente propuesta de privatización en materia de formación laboral. Mientras el texto del proyecto propone el diálogo tripartito (estado, empresarios y trabajadores) como mecanismo de fijación de criterios para la “matriz de calificaciones laborales”, al dejar habilitado el financiamiento por la vía de empresas privadas y créditos internacionales, se distorsiona el mecanismo de diálogo desplazando al estado de su rol principal en la promoción de la educación y el trabajo como derecho humano y bien social.

El segundo nudo problemático consiste en el virtual vaciamiento del INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica) cuyas misiones y funciones fueron explicitadas en la Ley de Educación Técnico – Profesional N° 26058 aún vigente.

El proyecto denominado de “pasantías”, que se enmarca en las políticas de reforma laboral que impulsa el Gobierno, asume objetivos fijados en la ley de educación técnico profesional,  desplaza atribuciones del INET, superpone organismos al proponer crear un nuevo “Instituto de Formación Laboral” y yuxtapone los denominados “Consejos Tripartitos Sectoriales” con los Foros Sectoriales de larga y profusa actividad en el seno del INET.

Además de un nuevo marco normativo para las pasantías de alumnos del nivel superior y de la formación técnico profesional, la propuesta del Gobierno incluye un capítulo sobre “Fomento del empleo y entrenamiento para el trabajo” destinados a jóvenes hasta 24 (veinticuatro) años a los que se recompensará con “ayudas económicas” cuya base de cálculo y encuadre jurídico no es precisado de ningún modo, dejando abierta la puerta a cualquier tipo de modalidad contractual flexible.

El proyecto,  presentado ante los medios de comunicación como “pasantías”,  esconde al menos dos falacias: por un lado la afirmación que la “educación dual” (así la denomina) es el único camino para vincular al sistema educativo con la producción de bienes y servicios. Por otro lado la propuesta de ampliar el seguro de desempleo (artículo 44) para aquellas empresas en procesos de transformación  productiva, lo cual implica aceptar lisa y llanamente la destrucción de puestos de trabajo por el ingreso de factores tecnológicos en las empresas y su compensación con una genérica ampliación del seguro que cubre al desempleo.

El proyecto remite a los convenios colectivos de trabajo de cada sector como marco de acuerdo para la fijación de cupos de pasantías, “asignación estímulo” (no remunerativos), organización de tareas, cargas horarias, entre otros aspectos.

En un contexto de graves dificultades económicas por el impacto de las sucesivas devaluaciones, los tarifazos de los servicios públicos, la inflación, los condicionamientos expresados a nivel oficial en las pautas generales presupuestarias, parece ilusorio y poco serio que las organizaciones sindicales promuevan paritarias que, finalmente, pongan en jaque la estabilidad de los actuales trabajadores.

La iniciativa oficial es funcional a los intereses de las grandes empresas y de los capitales transnacionales que, mediante la instrumentación de estas medidas, puede recurrir a “mano de obra barata” bajo la ponderable justificación de la enseñanza para el trabajo.

El proceso que culminó en la sanción de la Ley de Educación Técnico Profesional (2005) estuvo precedido por un amplio abanico de consultas a sindicatos, empresas y gremios docentes. Más tarde, con la sanción de la Ley de Educación Nacional (2006) se crearon los ámbitos de participación; entre ellos el Consejo Económico y Social que en 2013 fue homologado como Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción. Ninguna de estas instancias, como tampoco el CONETyP en su faz técnica, fue consultada sobre estas propuestas, cuando el Ministerio de Trabajo a través de la Secretaria de Empleo forma parte del mismo.

La educación para el trabajo – como ha sucedido en otras etapas de nuestra historia – requiere como marco indispensable e insustituible un PROYECTO DE NACIÓN como marco de un MODELO DE PAÍS con tendencia INDUSTRIALISTA, PROTECTOR DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES y de las PYMES, con BARRERAS ANTE LA IMPORTACIÓN INDISCRIMANADA y de fuerte énfasis en la promoción integral del TRABAJO y del TRABAJADOR.

La agenda de una educación para el trabajo se basa en la defensa de los derechos laborales y la justa distribución de la riqueza,  y fuertes inversiones en ciencia y tecnología para garantizar VIVIR CON LOS NUESTRO.

Como sindicato docente entendemos que el desplazamiento de la educación para el trabajo desde el ámbito de las políticas públicas educativas al espacio de las políticas de productividad constituye una peligrosa desviación del hecho pedagógico hacia una definición economicista centrada en el marcado.

Es paradójico que este capítulo de pasantías presentado en forma paralela y convergente con la denominada reforma laboral esté centrado en la hipotética creación de condiciones para mejorar la competitividad y la productividad del sector empresario sin alentar ningún tipo de consideración acerca de los objetivos de la educación como creadora de conocimiento situado. Todo parece estar destinado a que el trabajador esté menos protegido y más expuesto justificando lo mismo en las “nuevas tendencias del mercado del trabajo”.

Convocamos a los Senadores y Diputados a frenar este proyecto de reforma laboral que incluye esta iniciativa sobre pasantías que está alejada de una concepción de la educación para el trabajo sustentada en los valores de la justicia, la solidaridad  y el desarrollo para todos.

María Lazzaro

Secretaria General

SADOP – CDN

Daniel E. Di Bártolo

Secretario de Educación

SADOP – CDN

[1] Los ante-proyectos fueron presentados el viernes 27 de abril en el Senado de la Nación.